En noviembre miles de familias españolas tendrán que afrontar una novedad que, aunque muchos aún desconocen, ya es una obligación legal: realizar una evaluación de riesgos laborales para las personas empleadas de hogar. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca equiparar los derechos de este colectivo con los del resto de trabajadores.
Desde el 15 de noviembre de 2025, cualquier nueva contratación deberá contar con la evaluación antes de iniciar la relación laboral. Desde ese momento, tener una persona empleada en casa ya no solo implica cumplir con el salario o las cotizaciones. También exige algo que hasta ahora parecía exclusivo de fábricas u oficinas: una evaluación de riesgos laborales.
Incluso en un piso de 60 metros cuadrados, con una trabajadora unas horas por semana, la ley exige analizar los riesgos (caídas, productos de limpieza, cargas de peso, …) y dejar constancia de las medidas preventivas adoptadas.
¿Qué implica esta nueva obligación?
Para facilitar el cumplimiento, el Ministerio ha creado la herramienta gratuita Prevención10, donde los empleadores pueden completar un cuestionario y descargar automáticamente un informe en PDF. El sistema es rápido, intuitivo y diseñado para que cualquiera pueda usarlo.
El incumplimiento puede considerarse infracción grave, con multas entre 2.451 € y 49.180 €, y en casos extremos hasta 800.000 € si hay agravantes o accidente laboral.
